Las mujeres y niñas embarazadas corren el riesgo de poner en peligro su salud y su vida si permanecen en Irlanda, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy sobre la ley que regula el aborto en este país.
El informe, No es ninguna delincuente. Las consecuencias de la legislación sobre el aborto en Irlanda, documenta casos terribles en los que las autoridades irlandesas han negado a mujeres y niñas la atención de la salud que necesitaban y han concedido prioridad a la vida del feto, que está protegida por una enmienda a la Constitución irlandesa introducida en 1983.
La ley sobre el aborto de Irlanda, que sólo permite la interrupción del embarazo si la vida de la mujer corre peligro, es una de las más restrictivas del mundo, y obliga cada año a un mínimo de 4.000 mujeres y niñas a viajar fuera del país para someterse a un aborto, con un considerable costo mental, económico y físico. Las mujeres y niñas que no pueden viajar se quedan sin acceso al tratamiento médico que necesitan, o se arriesgan a sanciones penales si se someten a un aborto ilegal en su país.
“El reciente referéndum sobre Igualdad en el Matrimonio mostró un país que se siente orgulloso de ser una sociedad abierta e inclusiva, pero no todo está bien en la República de Irlanda. Los derechos humanos de las mujeres y niñas se violan a diario debido a una Constitución que las trata como si fueran vasijas fecundadoras”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía internacional.
“Las mujeres y niñas que necesitan un aborto son tratadas como delincuentes, son estigmatizadas y se ven obligadas a viajar al extranjero, pagando un grave precio en salud mental y física. El Estado irlandés no puede seguir ignorando esta realidad y el terrible impacto que tiene en miles de personas cada año.”
“Temería por mi vida”
El informe presenta el testimonio de mujeres que se han sometido a abortos en el extranjero, algunas de las cuales sufrieron abortos espontáneos pero se vieron obligadas a llevar dentro de su cuerpo un feto muerto o inviable durante semanas con la vana esperanza de obtener en Irlanda la atención de la salud que necesitaban.
Róisín se vio obligada a llevar un feto muerto durante semanas porque los médicos querían estar absolutamente seguros de que el corazón del feto no latía. Róisín dijo a Amnistía Internacional:
“No me inclinaría a confiar en los servicios para mujeres de este país en este momento.”
Lupe, que llevó en su cuerpo un feto sin latido alguno durante 14 semanas, dijo a Amnistía Internacional que tuvo que viajar a su país de origen, España, para recibir un tratamiento médico adecuado:
“No me sentía segura en absoluto. [...] Me sentía realmente asustada porque tenía claro que, si surgía alguna complicación, esa gente me dejaría morir.”
Pero la atención preferente al feto implica que no sea sólo a las mujeres que intentan someterse a un aborto a las que se niega la atención de la salud. Profesionales de la salud negaron a Rebecca H., que estaba gravemente enferma, una cesárea por miedo a que perjudicara al feto. En cambio, la obligaron a soportar 36 horas de parto diciendo que su trabajo era “velar por el bebé, el bebé es lo primero”. Rebecca dijo a Amnistía Internacional:
“Temería por mi vida en caso de tener otro hijo en Irlanda.”
El doctor Peter Boylan, tocólogo, ginecólogo y ex director y director clínico del National Maternity Hospital de Irlanda, dijo a Amnistía Internacional en relación con la cuerda floja legal y ética por la que se ve obligado a caminar el personal médico:
“En virtud de la [ley actual] debemos esperar hasta que las mujeres están lo bastante enfermas para poder intervenir. ¿Hasta qué punto hemos de acercarnos a la muerte? No hay respuesta para eso”.
Una de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo
Irlanda es el único país de Europa –aparte de Andorra, Malta y San Marino– que prohíbe que las mujeres se sometan a un aborto incluso en caso de violación, malformación grave o fatal del feto o riesgo para su propia salud, algo que es su derecho humano en virtud del derecho internacional.
Amnistía Internacional ha lanzado hoy una campaña para pedir a Irlanda que modifique su ley para que las mujeres y niñas puedan someterse a un aborto en esos casos, como mínimo.
La legislación irlandesa incluso tipifica como delito que médicos y orientadores den a las mujeres información completa sobre qué tratamiento necesitan y cómo acceder a un aborto sin riesgos. Médicos y orientadores que hablaron con Amnistía Internacional de su frustración ante la Ley de Regulación de la Información irlandesa, que grupos defensores de los derechos quieren que Irlanda revoque.
“Las draconianas leyes de Irlanda han creado un clima de miedo en el que los orientadores pueden ser multados por decir a las mujeres cómo buscar atención médica, y en consecuencia algunas mujeres evitan totalmente a los médicos”, ha afirmado Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.
“Irlanda hace la vista gorda cuando las mujeres viajan al extranjero para someterse a un aborto, y es indiferente al sufrimiento que ello implica. Condena a las débiles, pobres y vulnerables que no pueden viajar a convertirse en delincuentes por tomar decisiones sobre su cuerpo, decisiones que a veces son una cuestión de vida o muerte.Irlanda debe enmendar la Constitución y eliminar la protección del feto. Esto tiene que suceder con urgencia ya que las leyes actuales de Irlanda ponen en peligro cada día vidas de mujeres y niñas.”
Fuente: Amnistía Internacional
Foto: National Maternity Hospital, Dublín. © Amnesty International / Eugene Langan
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