Un cartel colocado por defensores de derechos humanos frente al Congreso paraguayo, el pasado martes. / ANDRÉS CRISTALDO (EFE)
Crece la movilización internacional para defender a la niña de 10 años violada por su padrastro en Paraguay y embarazada de 24 semanas, pero de momento sin éxito. El Gobierno de Paraguay no parece tener intenciones de ceder y el embarazo sigue su curso pese a que expertos tanto de la ONU como de Amnistía Internacional aseguran que la vida de la niña corre un serio peligro, única justificación para un aborto según las leyes paraguayas. La presión de la ONU, que se ha recrudecido en estos días, es la única que parece inquietar al Gobierno paraguayo, aunque de momento no lo suficiente como para tomar ninguna decisión.
La madre, que llevó a su hija al hospital y reclamó el aborto para evitar su muerte, está en la cárcel acusada de haber permitido la violación, algo que también denuncian las organizaciones internacionales puesto que creen que está causando un trastorno aún mayor a la niña. El padrastro también ha sido encarcelado después de permanecer fugado durante unos días.
Aministía ha renovado su campaña de presión internacional (con elhashtag #niñaenpeligro) y la ONU también está haciendo muchos esfuerzos, según explica el relator especial para la tortura, Juan Méndez, que firmó con otros expertos de Naciones Unidas un texto durísimo en el que acusaba al Ejecutivo de "graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña". El Gobierno paraguayo ha contestado a la ONU rechazando las acusaciones.
El asunto ha generado una gran polémica también en Paraguay y esta semana el ministro de Salud, Antonio Barrios, viajó a Ginebra, sede de Naciones Unidas, para tratar de suavizar las críticas internacionales. El miércoles se vio con responsables del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y defendió la posición de Paraguay de invitar a los expertos de la ONU a visitar Paraguay para conocer el problema in situ.
El Ejecutivo paraguayo cree que tras la visita de Barrios a Ginebra ha logrado suavizar la posición de la ONU. Un portavoz del ministerio de Salud señala que el aborto está descartado porque las leyes paraguayas no lo permiten, pero asegura que la niña está siendo atendida por si hubiera cualquier complicación y tuvieran que provocar el parto para salvarle la vida. En la semana 21 pesaba solo 34 kilos, es un niña muy débil, aunque ahora con los tratamientos y cuidados ha subido ese peso. Varias familias paraguayas se han ofrecido para hacerse cargo de la niña y de su hijo, mientras la madre sigue encarcelada.
“No podemos hablar de tortura porque no hay voluntad de torturar pero sí de trato cruel, inhumano y degradante”, señala Méndez, el relator de la ONU. “La ley no puede ser tan rígida. Es obligación del estado paraguayo encontrar una solución a esto. Las instituciones están obligadas a conciliar el derecho a la vida y salud de las personas”, asegura.
ONU mujeres está reclamando en Paraguay una ley más flexible que permita el aborto en menores violadas y embarazadas, algo muy frecuente en este país, donde el año pasado hubo 683 niñas entre 9 y 14 años que dieron a luz, casi dos al día. El portavoz del ministerio de Salud asegura que el problema es que la denuncia llega muy tarde, cuando ya han pasado las 21 semanas. Lo cierto es que nunca se ha autorizado un aborto en niñas en este país. "Es evidente que fallaron muchas cosas, la madre acudió con la hija en febrero a un médico y denunció el caso pero no le hicieron una ecografía. Nosotros como ONU no pedimos el aborto, respetamos las leyes paraguayas, además el embarazo está muy avanzado, pero sí creemos que es importante reflexionar en el marco de una reforma del código penal en marcha sobre la oportunidad de permitir el aborto en menores violadas como es este caso", señala Carolina Taborga, responsable de ONU mujeres en Paraguay.
La madre denunció los abusos
El Gobierno paraguayo señala que la salud de la niña está siendo controlada en todo momento y que su custodia, con la madre y el padrastro encarcelados, está en manos de la justicia paraguaya. Sin embargo, Amnistía denunció el miércoles que tanto la juez como el Gobierno paraguayo están dejando pasar los días sin tomar una decisión, lo que la hace cada vez más difícil mientras crece el riesgo para la vida de la niña y el embarazo avanza. La madre acudió a las autoridades en varias ocasiones en 2014 a denunciar los abusos del padrastro, pero nadie le hizo caso. Y después en febrero acudió al médico con su hija ya embarazada y a la fiscalía a denunciar la violación pero tampoco recibió ayuda.
Amnistía señala su “extrema preocupación por la posición de las autoridades paraguayas que siguen negándole a la niña de 10 años violada y embarazada presuntamente por su padrastro todas las opciones posibles, incluida la opción del aborto seguro, para garantizar su vida y salud física y mental, a corto, mediano y largo plazo”. Según explica su responsable en Paraguay, María José Garcete, hace 10 días que se reunión una junta médica para evaluar el caso de la niña y ya habría emitido su informe aunque no se ha dado a conocer su resultado.
Animadas por Amnistía, más de 500.000 personas de todo el planeta han enviado cartas a las autoridades paraguayas, pero de momento todo esfuerzo parece inútil.
“Es incomprensible que las autoridades sigan ignorando sus obligaciones internacionales y sin querer ver la urgencia de la situación permitiendo que una niña de solo 10 años tenga que enfrentarse a más sufrimiento después de haber sido abusada sexualmente. Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades a que actúen de inmediato para resguardar todos los derechos de la niña ya que su futuro está en sus manos”, señala la organización.
Sin embargo, Paraguay es un país muy conservador y el Gobierno no parece dispuesto a ningún movimiento. La propia juez de menores que lleva el caso, Pili Rodríguez, ya señaló en conversación con EL PAÍS que las leyes son muy claras y mientras no haya un informe médico que hable con claridad de riesgos para la vida de la niña el embarazo seguirá adelante. En Paraguay, explica Rodríguez, nunca se ha autorizado oficialmente el aborto de una menor.
El ministro Barrios descartó el aborto desde el principio y la reacción oficial a la nota de la ONU fue de rechazo rotundo. Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, durante un tedeum la semana pasada afirmó: "Interrumpir una gestación es un retroceso hacia la barbarie y la deshumanización; todo es relativo, es lo que llamamos la cultura de la muerte. Nos da pena una globalización promocionada por ciertas personas, quienes en nombre de la ONU, contradiciendo sus nobles inicios, han distorsionado la imagen de nuestro país”.
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